Bajo el gobierno de Bernardo O’ Higgins, el Instituto Nacional, fundado en 1813, bajo el mandato de José Miguel Carrera, fue reabierto en 1819, y un año más tarde lo fue también la Biblioteca Pública, reorganizada por Manuel de Salas.
O’ Higgins funda también el Liceo de la Serena (1821) y se establecen las escuelas lancasterianas, en Valparaíso y Santiago.
“Lancasterinas” porque inició un nuevo método de enseñanza, que consistía en que los propios niños se instruyeran entre sí, mutuamente, lo mismo que en el sistema de los “monitores” que se usó después. Para implantarlo se consiguió que vinieran al país algunos profesores extranjeros, de los cuelas dos eran ingleses de credo protestante.
Desde otro punto, se ordenó a los cabildos y a los conventos de religiosos y de religiosas la apertura de escuelas primarias.
Durante el decenio de Manuel Bulnes existió un desarrollo notable de la actividad cultural. En tal aspecto se puede destacar la fundación de la Universidad de Chile (1842), cuyo primer rector fue el venezolano Andrés Bello; la Escuela Normal de Preceptores (1842), la Escuela de Artes y Oficios (1849).
El movimiento intelectual de 1842, otro efecto positivo de la cultura, se produjo por las siguientes causas que facilitan su aparición:
1. La difusión de obras literarias representativas de movimientos europeos. El romanticismo se difundió por esta época mediante la lectura de Rousseau, Walter Scott y Chateaubriand, entre otros, y el romancero español, después. El grueso de los lectores se inclinaba de preferencia a las novelas de Alejandro Dumas y de Eugenio Sue, que llegaron a ser publicadas en el país.
2. La llegada al país de numerosos intelectuales exiliados extranjeros. Destacan aquí los argentinos Vicente Fidel López, Domingo Faustino Sarmiento, Bartolomé Mitre, Juan Bautista Alberdi, entre otros.
3. La influencia de José Joaquín de Mora y de Andrés Bello en los intelectuales del movimiento de 1842, quienes fueron seguidores de cada uno. Mora representaba las tendencias políticas liberales y Bello fue destacado colaborador de los gobiernos conservadores autoritarios.
4. La contratación por parte de los gobiernos de intelectuales europeos como Claudio Gay, Ignacio Domeyko y Alejandro Cicarelli.
Este movimiento cultural se orientó esencialmente al estudio de la historia, literatura y filosofía. Su acción se concretó en la formación de la Sociedad Literaria (1842), siendo su primer presidente José Victorino Lastarria.
Esta sociedad tenía como objetivo desarrollar una literatura de carácter nacional. Formaron parte de ella Salvador Sanfuentes, Francisco Bilbao, Manuela Antonio Tocornal, Antonio García Reyes, Antonio Varas, José Joaquín Vallejo, Aníbal Pinto, domingo Santa María y otros.
Durante e gobierno de Manuela Montt se llevó a cabo una activa política de desarrollo educacional y de progreso material. En tal sentido se cuenta la Escuela Normal de Preceptoras (1854); la Ley Orgánica de Instrucción Primera (1860); la creación de numerosos liceos en las provincias y en el capital; la fundación de la Sociedad de Instrucción Primaria (1856) y la aparición de numerosos colegios.
Bajo el gobierno de José Joaquín Pérez se implantó la enseñanza laica, y siendo Presidente Errázuriz Echaurren, el Ministro de Educación Abdón Cifuentes dictó en enero de 1872 un decreto sobre libertad de exámenes, que permitía a los colegios particulares examinar de por sí a sus alumnos.
Esta disposición desató las críticas de los sectores liberales, que al cabo de un año denunciaron abusos cometidos por estos colegios en la calificación de los alumnos. Las argumentaciones más duras vinieron del rector del Instituto Nacional, el liberal Diego Barros Arana.
Los hechos desembocaron en posiciones extremas, a tal punto que el gobierno destituyó al rector y en su apoyo varios alumnos, incitados por liberales y radicales, atacaron la casa del Ministro.
En materia educacional defendieron la idea de pagar por la enseñaza que se recibiera si era secundaria o universitaria; la supresión de los internados en los colegios fiscales y la más absoluta libertad de enseñanza.
En el siglo XX tuvo un gran impulso como factor decisivo del desarrollo cultural. En 1920 se dictó la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria, lo que permitió que la educación fuese una obligación hasta el sexto grado de enseñanza básica.
Posteriormente, en 19868 se amplía a octavo año básico. En cuanto a la enseñanza superior, en 1934 se fundó la Universidad Técnica Federico Santa María. A ella se agregó en 1947 la Universidad técnica del Estado, actual Universidad de Santiago de Chile (Usach), las cuales se suman a la Universidad de Chile (1842) y la Pontificia Universidad Católica de Chile (1888).
El sistema educativo se organiza en un nivel preescolar, que atiende a niños menores de 6 años, mediante una diversidad de instituciones y redes públicas y privadas; un nivel básico obligatorio, de ocho grados, cumplido en escuelas municipales o privadas; un nivel medio, de cuatro grados, que se ofrece en liceos con dos modalidades (la científico-humanista, de tipo general para el trabajo); y un nivel superior, impartido en Universidades e Institutos Profesionales o Centros de Formación Técnica (postsecundarios de 2 años de duración).
La formación de docentes para la educación parvularia, básica y media se realiza en Universidades e Institutos Profesionales.
La cobertura educativa es aceptable: hacia 1996, el 98,2 % de los niños de 6 a 13 años y el 85,9 % de los adolescentes de 14 a 17 años estaban escolarizados.
La educación chilena es administrada por un sistema mixto, con un rol conductor del Estado nacional, una operación descentralizada de la educación pública y una fuerte área de gestión privada (43% de los escolares concurre a centros de tenencia privada).
El Estado mantiene funciones normativas, evaluativas, de supervisión y apoyo técnico, de financiamiento y control. El Ministerio de Educación ha aprobado los planes y programas de estudio con vigencia nacional y obligatoria. Pero, en 1990, en la nueva Ley Orgánica Constitucional de Educación, se reconoció la competencia de los centros educativos para elaborar y aplicar su propio currículum (“descentralización curricular”).
Las competencias de administración directa de centros educativos están descentralizadas, para el caso de la educación básica y media, en las municipales o entidades privadas.
Además de las formas libres de educación, existe la educación privada con “reconocimiento oficial”, que se ajusta a las normas sobre currículum fijadas por el Estado y que cumple ciertos requisitos legales mínimos. A ella concurre el 43% de los alumnos de básica y media y el 50% de los estudiantes de educación superior.
En el nivel escolar, la educación privada está dividida en dos: la financiada por las familias y la que recibe aporte financiero estatal. Esta última es conocida como “educación particular subvencionada”.
En la educación superior, existen Universidades estatales autónomas, Universidades privadas establecidas con anterioridad a 1980 (conocidas como “tradicionales”), todas las cuales reciben aportes estatales en los mismo términos que las Universidades públicas, Institutos Profesionales y Centros Técnicos post-secundarios privados, creados después de 1980, que gozan se sólo una forma reducida de aporte estatal o no tienen derecho a ellos.
El Estado mantiene un sistema de subvenciones para la educación privada gratuita que, desde 1980, rige también para las escuelas y liceos municipales. Actualmente, un 92% de los alumnos de la educación básica y media concurren a centros públicos (municipales) o privados que reciben subvención estatal.
El Estado nacional, además, contribuye a la educación descentralizada con apoyos técnicos e insumos materiales como distribución gratuita de textos de estudio y provisión de bibliotecas de aula a todos los estudiantes de bajos recursos, perfeccionamiento gratuito a los docentes, programas de mejoramiento de la calidad educativa y asesorías técnicas. A ellos tienen acceso por igual los centros municipales y particulares subvencionados.
